La caída de ingresos en el Presupuesto del Estado se agrava con el pasar de los meses. Entre enero y agosto, el Fisco registró USD 4 263 millones menos de recursos frente al mismo período del 2019. La razón principal es que la recaudación tributaria –una de las principales fuentes de ingresos del país- no se recupera, pues todavía hay negocios operando a menos de su capacidad y el consumo en los hogares no se recupera en medio de la pandemia.
El cobro de impuestos en agosto es el más bajo registrado en ese mes en los últimos nueve años, explicó el exministro, Fausto Ortiz. Él advirtió que la recaudación seguirá cayendo hasta finalizar el año. La intención del Ejecutivo de recibir de manera anticipada el impuesto a la renta pudo haber ayudado a tener más liquidez, dice Ortiz, pero un fallo del mes pasado de la Corte Constitucional detuvo la medida. El ingreso petrolero también complica las cuentas. Este es el rubro que registra la contracción más fuerte en este año.
En ocho meses, el país ha recibido 13% de todo lo que se había estimado por venta de crudo. Como en un hogar en el que cada vez entra menos dinero, el Fisco ha tenido que priorizar gastos. Para ello, ha recurrido a tres estrategias: reducir egresos, atrasar pagos y pedir préstamos de emergencia. En mayo, por la crisis derivada de la pandemia, el presidente Lenín Moreno anunció un plan para bajar unos USD 4 000 millones en gastos.
El programa contemplaba recortar desembolsos para salarios, inversión, bienes y servicios para el mantenimiento del Estado (arriendos y otros) e intereses de la deuda. Este último punto se concretó el lunes pasado, una vez que el Gobierno logró canjear la deuda en bonos y, con ello, posponer el pago de los intereses previstos para este año. La meta en recorte de sueldos aún parece lejana. Se proyectó reducir USD 980 millones y hasta agosto se han recortado USD 244 millones. Entre las medidas que se han tomado este año están la reducción de dos horas de jornada para funcionarios que no están en primera línea en la emergencia sanitaria, aunque esto representa un ajuste del 16,6% del salario.
Además, el Ejecutivo aplicó una reducción temporal de salarios de ministros y viceministros, pero luego retiró la medida para estos últimos. A cuatro meses de que termine el año, el ajuste total no llega a la mitad de lo anunciado. Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, dijo que el recorte se debía hacer en mayor medida desde el año pasado. “Este año se ha hecho de forma precipitada y sin un análisis que permita priorizar y mejorar la calidad del gasto”.
Él agregó que, en un año de crisis, hacer fuertes ajustes podría perjudicar más al desempeño económico. De ahí que se podría esperar que el siguiente Gobierno haga el recorte. Este año, la falta de liquidez ha sido más evidente porque los atrasos, que suman unos USD 3 000 millones, han derivado en una serie de protestas. Hoy, un grupo de proveedores tiene previsto hacer protestas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, añadió que, además, se acumulan atrasos importantes con la seguridad social.
No son los únicos con haberes pendientes. Según la Asociación de Municipalidades (AME), se les adeuda USD 1 074 millones por las asignaciones estatales, devolución del IVA y por competencia de patrimonio. Los analistas coinciden en que con este escenario, al finalizar el año el déficit o brecha en el presupuesto sea de hasta USD 7 000 millones. De ahí que el desembolso de USD 4 000 millones que se espera del Fondo Monetario Internacional (FMI) es crucial. Según el Ejecutivo, estos recursos servirán para cubrir atrasos, reactivar la economía y entregar bonos sociales.
El FMI informó que el acuerdo está sujeto a la implementación de acciones previas. Aunque no se han detallado esas medidas, Simón Cueva, analista económico, señaló que el Gobierno podría comprometer algo de ajuste al gasto en este año, en especial por el lado de empresas públicas, y a subir los bonos sociales. Según Augusto de la Torre, también podría haber medidas cualitativas, como promover un debate sobre las reformas legales que se necesitan.
El FMI ha señalado que el país requiere emprender, al menos, cuatro reformas. Entre ellas, una tributaria para aumentar los ingresos, una fiscal para mejorar el manejo del gasto y la transparencia de las cifras. Otras reformas pendientes son para darle independencia al Banco Central y para el sector financios, en especial cooperativas.
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