En el esquema ilegal que presentó Laura Terán, exasistente de la Presidencia, aparecen 49 nombres. 17 corresponden a empresas y 32 a personas que habrían liderado, ayudado y participado en el manejo de fondos ilícitos entregados supuestamente por contratistas al movimiento Alianza País.
Terán lo recordó todo: sus nombres, rangos, códigos y funciones. Sin embargo, no todas las personas mencionadas han sido procesadas por la Fiscalía. Odebrecht es un ejemplo. En el esquema de Terán aparece entre los contratistas que entregaron aportes económicos. Su código es V7 (Voluntario 7). Ningún representante de la firma brasileña ha sido imputado en el país.
Detrás de esta decisión de Fiscalía hay un acuerdo firmado entre la constructora y la Procuraduría General de Brasil. Esta entidad, a la vez, tiene un acuerdo con la Fiscalía de Ecuador. Los convenios permiten a los investigadores acceder a información y versiones de los exdirectivos de Odebrecht y, a cambio, ellos no podrán ser procesados en el Ecuador, pues en su país ya cumplen condenas por casos de corrupción.
De los 49 identificados, en el expediente existen 26 personas vinculadas penalmente. El expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas fueron ubicados por Terán y por la Fiscalía como los líderes de la supuesta organización delictiva. Debajo de ellos aparecen las denominadas “autoridades gestoras”: Glas, la exministra María de los Ángeles Duarte y el exsecreario Walter Solís. En el caso de Duarte, ella asegura ser inocente y estar procesada sin ningún fundamento. Según Terán, las autoridades gestoras tenían contacto directo con las empresas que entregaron fondos en dinero o por cruce de facturas.
De las 17 firmas, cuatro quedaron fuera de la investigación judicial. Se trata de compañías dedicadas a la construcción y a las telecomunicaciones. Todas tuvieron contratos con el Estado durante el gobierno de Correa.
Los investigadores indican que no en todos hay pruebas suficientes para comprobar la participación de las compañías o sus representantes. Sin embargo, los agentes no descartan que después de este caso se abran otros más, por delitos derivados como lavado de activos, tráfico de influencias o defraudación tributaria. De hecho, la Fiscalía solicitó el sábado una pericia a la Unidad de Lavado de Activos de la Policía sobre los pagos por arriendo y alícuotas de la oficina externa de la Presidencia. Este despacho operaba en el edifico Concorde, ubicado en el norte de Quito, a una cuadra de distancia de la matriz de la constructora Odebrecht.
Terán, en su testimonio, dijo que fue asistente de Pamela Martínez, exasesora de Correa desde el 2011 al 2018. Primero, trabajaron en la Presidencia y, desde el 2015, en la Corte Constitucional. También acompañó a Martínez en la operación de la oficina externa de la Presidencia. Según Terán, ese despacho operó del 2011 al 2015, y a partir de los juicios sobre la revuelta del 30-S tuvieron la necesidad de contratar dos asistentes más. Debieron ampliar el espacio, pues en un inicio solo ocupaban una oficina. La procesada dijo desconocer de dónde salían los pagos para esa operación.
Los últimos datos levantados por los agentes detallan que los gastos de esta oficina se cancelaban con dinero de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec-EP). Los investigadores descubrieron un contrato firmado entre un “apoderado de Eduardo Barredo Heinert, exgerente de Celec, y el dueño del departamento. El contrato dice que la Celec establecería allí una Vicepresidencia Administrativa Financiera. El departamento de Lavado de Activos de la Policía busca las facturas, partida presupuestaria y reportes bancarios del pago de la oficina.
Barredo dijo ayer que desconocía de ese contrato de arrendamiento y que quien estaba en capacidad de hacerlo era un exgerente de la Unidad de Negocios Transelectric. Actualmente, en ese despacho funcionan las oficinas de Telconet. Esta empresa también consta en el esquema que Terán dibujó el domingo, pero no ha sido procesada. ¿Una coincidencia? Este Diario buscó una declaración de Tomislav Topic, accionista de Telconet. Esta fue su respuesta: “Telconet alquiló un piso en ese edificio, tiempo después que la Sra. Pamela Martínez había terminado su contrato de alquiler. Nosotros firmamos con el dueño del piso y no sabíamos que esa oficina había sido alquilada previamente por la Sra. Pamela Martínez.
Es una coincidencia”.Geraldo Pereira de Souza, exdirector financiero de Odebrecht, también recordó la existencia de la oficina. En su declaración a la Fiscalía dijo que José Conceição Santos le ordenó entregar sobres de papel a Martínez. Ella, por su parte, recordó en unas de sus versiones que De Souza le entregó dinero en efectivo.
Hoy, desde las 09:00, está previsto que la exasesora de Correa dé su testimonio anticipado. Lo hará en la Corte Nacional y, al igual que Terán, será cuestionada sobre el esquema y los roles de exfuncionarios y contratistas.
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