La investigación sobre el caso Sobornos muestra la estructura que en el anterior Gobierno se armó alrededor de Pamela Martínez. Según documentos judicializados, la exasesora de Rafael Correa operaba con 12 colaboradores. En la lista aparecen tres abogados, tres asistentes (una era Laura Terán) y personal operativo.
En el expediente se ve cómo el grupo debía mantenerla informada, por ejemplo, sobre las transacciones económicas que ahora son investigadas. Esos detalles están incluidos en los correos que obtuvo la Fiscalía. En esos e-mails se incluían fotocopias de los depósitos realizados por personas particulares. Por ejemplo, el 3 de julio del 2012, una de las asistentes le informa sobre la presentación de una transferencia bancaria que realizó un abogado.
El 4 de octubre de ese año, otra colaboradora habla de la recepción de un comprobante de depósito para Martínez.Por disposición de ella, toda la información económica debía ser remitida a Terán. La misma orden se ejecutó para los paquetes sellados. En un e-mail del 23 de julio del 2012, una de las colaboradoras escribió: “Recibí un sobre de correspondencia cerrado y otro sobre del despacho que indica ‘Personal’. Asunto: Asamblea Nacional”.
Ante esto, Martínez le contestó que se lo entregara a Terán, quien ya tenía disposiciones sobre qué hacer con ese paquete. Otro sobre sellado llegó el 11 de enero del 2013. El 3 de diciembre de ese año, Terán informó sobre depósitos que se realizarán en ese mes por cerca de USD 100 000.Ese dinero supuestamente venía de un empresario guayaquileño. Ella también mantenía informada a su jefa sobre los pagos a proveedores.
Los montos superaban los USD 50 000 y tenían que ver con eventos realizados o asesoría de imagen. Este jueves 22 de agosto del 2019 se conoció que cuatro proveedores investigados en este caso no cumplieron la orden judicial de presentarse periódicamente.
Por eso, la Fiscalía pidió a la jueza Daniella Camacho que fijase hora y fecha para revisar esas medidas.La exasesora de Correa no solo tenía un equipo de trabajo de 12 personas, que recibían sueldo como funcionarios de la Presidencia de la República. También contaba con una oficina particular ubicada en el norte de Quito. En su declaración en la Fiscalía, ella dijo que ese espacio funcionaba en el segundo de los 16 pisos que componen la torre. Cada planta mide unos 300 metros. Según los mensajes, el interés por trasladarse a ese lugar se abordó desde el 2011. En los e-mails, Martínez pide que el sitio cumpla con medidas especiales de seguridad, “para misiones reservadas”.
Solicita tres oficinas privadas, un celular abierto sin identificación de número para el jefe de equipo, sellos con las palabras ‘reservado’ y ‘confidencial’. Además, solicita una cámara fotográfica con ‘zoom’, filmadora de alta resolución, tres grabadoras de video y voz, un sensor de movimiento para la seguridad de la oficina, dos discos duros externos para respaldar información, secretaria y conserje de confianza y hasta un vehículo con chofer las 24 horas.Hoy, este sitio es indagado por la Fiscalía.
El pasado viernes se realizó una diligencia en esa propiedad privada. Los expedientes muestran todo lo que se hacía en ese inmueble. Entre diciembre del 2013 y abril del 2014 aparecen chats entre la exasesora y un abogado. Ella le dijo que fuera a esa oficina del norte de Quito. Él le respondió: “Voy ahora”. El jurista le preguntó si no importa que dos personas que trabajaban allí la vieran. La mujer dijo que no, que “ellos no saben de qué se trata”. Los expedientes además revelan cómo se movían los abogados que colaboraban con Martínez. Ellos estuvieron al tanto de los procesos de designación de jueces, de las demandas presentadas por el expresidente Rafael Correa o de asuntos personales de su jefa.El 21 de agosto del 2012 envían un correo a la Judicatura confirmando “los cambios solicitados previamente”.
En el adjunto hay una comunicación enviada a la Secretaría de la Presidencia, para “sugerir” la sustitución de tres jueces en la audiencia de juzgamiento en contra del dirigente Pepe Acacho, dentro del proceso de Bosco Wisuma.Los peritos rastrean todos estos detalles y la defensa de Martínez todavía no conoce si ella podría acogerse a un pedido de cooperación eficaz. El abogado Édgar Molina espera que hoy llegue nueva información para tomar una decisión. La cooperación permite una rebaja de hasta el 90% de la pena en caso de que los datos permitan esclarecer los hechos e identificar a los cabecillas de grupos delictivos.
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