Pablo Celi, Contralor General del Estado, emitió una resolución administrativa en donde ejerce una sanción sobre el Prefecto de Manabí, además indica que será destituido de sus funciones.
Sin embargo el director regional de trabajo y servicio público, Dalton Pazmiño, sugiere que el impedimento no debería venir desde el Ministerio del Trabajo sino de la autoridad que corresponde.
El abogado, Roosvelt Cedeño, manifestó que le prefecto seguirá ejerciendo su cargo ya que considera que las autoridades administrativas no tienes autoridad para destituir a un funcionario cuyo cargo fue elegido por el pueblo. Se espera que la defensa del prefecto presente la impugnación ya que en el proceso no se consideró los descargos que el funcionario habría presentado.
